La Rep. Dominicana es una pequeña nación caribeña donde la incompetencia y la ignorancia se han adueñado de la administración pública y se han encargado de destruir la institucionalidad, la legalidad y la credibilidad, al extremo de que las instituciones y sus incumbentes son los primeros violadores de las leyes y de las normativas vigentes.
El mejor ejemplo de ello es el ministerio de medio ambiente, institución donde usualmente no se requiere ser un prestigioso entendido en recursos naturales y medio ambiente para ocupar la máxima posición, pues los gobiernos entienden que un buen ambientalista sería respetuoso de la Ley ambiental 64-00, y cuidaría su buen nombre, y no se prestaría a dar su visto bueno para aquellos proyectos públicos y privados que atentan contra la preservación del medio ambiente.
Un médico honesto se niega a recetar un medicamento que sabe va a dañar la salud de su paciente, y un ingeniero serio se niega a firmar planos con fallas estructurales que han de producir el colapso del edificio.
Sin embargo, en el ministerio de medio ambiente siempre están haciendo lo contrario de lo que manda la Ley ambiental, y lo contrario de lo que manda el razonamiento lógico, el sentido común, la prudencia y la decencia ambiental.
El ministerio de ambiente autorizó la tirada de 80,000 toneladas de rockash en los muelles de Samaná y Manzanillo, autorizó y defendió la instalación de una cementera en Los Haitises, autorizó y defendió el dragado de arenas en Playa Grande, de Río San Juan, y la canalización comercial irracional del río Camú, en La Vega, entre muchos otros graves errores ambientales que se han convertido en escándalos públicos.
Ahora, el ministro de medio ambiente dice que "él autorizó la instalación de una estación naval en el área protegida de la isla Saona", y como es norma del ministerio de ambiente querer imponer a "sangre y fuego" los proyectos que tienen el visto bueno gubernamental, aunque violen las leyes, el ministro dice que "nada detendrá esta obra porque este es un caso cerrado", sin haberse abierto al debate, sin hacer un estudio de impacto ambiental, y sin haber convocado a las vistas públicas obligatorias que manda la Ley 64-00, porque el ministro cree vivir en una sociedad tribal donde solo hay un cacique que "Reyna".
Ante esta nueva violación de la Ley ambiental, instituciones como la Academia de Ciencias, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Fundación de Estudios Marinos que dirige la Dra. Idelissa Bonelly de Calventi, y los grupos ambientales y sociales comprometidos con la preservación del medio ambiente y con la sociedad dominicana, se han pronunciado públicamente en contra de este absurdo ambiental que avergüenza a la sociedad dominicana.
Pero la ridícula respuesta que ha dado el ministro de medio ambiente, Ernesto Reyna, es que "es el narcotráfico quien patrocina protestas contra el destacamento que será construido para la Marina de Guerra en el puerto Catuano", en el área noroeste de la isla Saona, lo cual constituye un vulgar intento de chantaje en contra de quienes objetamos esa agresión a un área protegida.
Ernesto Reyna olvida que su antecesor, Jaime David Fernández, dijo que "la cementera de los Haitises sería construida en Gonzalo porque él había firmado la autorización, y que en tal virtud ese era un caso cerrado", pero todo el pueblo dominicano rechazó la obra, al igual que la rechazó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el proyecto fue suspendido por encima de la voluntad del gobierno, por encima de la voluntad del ministro de medio ambiente, y por encima de las defensas que Ernesto Reyna y Eleuterio Martínez hicieron en favor de esa cementera.
Una lección que Ernesto Reyna sufrió, pero que no la aprendió, como tampoco aprendió de las derrotas sufridas en Playa Grande, de Río San Juan; y en el río Camú, de La Vega. Le cuesta mucho trabajo aprender.
Las declaraciones y acciones de los dos últimos ministros de medio ambiente confirman que en nuestro país no hay un ministerio de medio ambiente que cuide de los recursos naturales y que vele por el cumplimiento de la Ley ambiental 64-00, sino "arrogantes funcionarios de mandado" que no merecen el mínimo respeto por parte del pueblo dominicano, y mucho menos por parte de la comunidad ambiental.
La autorización de una estación de vigilancia en la isla Saona dependería de que el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental demostraran que no habría ningún impacto adverso al frágil ecosistema costero-marino de la isla Saona, pero como el ministro de medio ambiente sabe que aquí se llega a ministro por clientelismo, por amiguismo o por parentesco con el presidente de la República, entiende que aquí la Ley ambiental es un relajo y que él puede burlarse de la Ley y de los ambientalistas. Pero se equivoca de nuevo.
La comunidad ambiental dominicana está dispuesta a defender la Ley ambiental que el ministro pisotea e ignora, y estamos dispuestos a volver a los tribunales, tal y como lo hicimos contra la cementera defendida por Jaime David Fernández, por Eleuterio Martínez y por el mismo Ernesto Reyna, aunque algún ministro irresponsable quiera chantajearnos diciendo que el narcotráfico patrocina a quienes objetamos esa estación naval, del mismo modo que en el pasado todo el que se oponía a alguna medida gubernamental era catalogado de comunista y de terrorista.
Esta es la nueva batalla que espera a la comunidad ambiental dominicana y veremos quién tiene la razón, si la Ley ambiental y sus defensores, o si un arrogante ministro ambiental que quiere destruir el medio ambiente y también quiere chantajear a la Academia de Ciencias y a la UASD con el ridículo cuco del patrocinio del narcotráfico.
Quienes carecen de argumentos científicos para defender sus errores ambientales se valen de cualquier disparate para lograr sus prostituidos propósitos, pero hay que ser muy payaso para decir que el narcotráfico patrocina a los académicos y ambientalistas que objetamos esa estación naval en la isla Saona.
